Los colectivos protransparencia exigen rebajar los límites de acceso a información

Mientras escribía esta mañana el post anterior El País digital publicaba a las 12:30 este artículo de María Fabra del que os hago un estracto. Las cursivas son mías.

El martes finaliza el plazo para presentar aportaciones al anteproyecto (...) los colectivos pro transparencia ya se fijaron en las excepciones para el acceso a la información pública. (...) han redactado sus alegaciones, (...) coinciden en reclaman que las restricciones se aminoren. (...) no dudan en señalar lo positivo (...) de una norma que permitirá que España deje de ser el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin ley de transparencia.


El colectivo Acces Info (...) considera que el derecho de acceso (...) “es muy limitado” y señala que las limitaciones se encuentran en dos artículos:

• el 10, que señala que el derecho de acceso podrá ser restringido cuando la divulgación de la información suponga un perjuicio hasta en siete ámbitos (procesos judiciales, vigilancia, política económica, intereses comerciales, secreto profesional, confidencialidad y protección del medio ambiente)
• y en el 9 que extiende esa limitación por la propia definición de información pública: la que no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
• (...) consideran que se debería:
• cambiar la definición de información
• crear un único artículo con todas las excepciones
• suprimir otras excepciones (...)

La plataforma Coalicción Pro Acceso ha marcado diez principios que debería recoger la norma, (...) considera que la denegación de acceso “debe ser excepcional y solo podrá fundamentarse en las razones que específicamente se incluyan en la ley de acceso a la información, como pueden ser la seguridad nacional o la prevención o investigación de delitos”. (...) requiere que se reglamente el acceso parcial de manera que se separe “la información reservada de la que pueda entregarle al solicitante,  no pudiendo negar el acceso a toda la información”.

Avaaz (comunidad de movilización on line) pide que la ley reconozca “el principio de publicidad de la información en manos las instituciones públicas, solo limitado en los casos excepcionales establecidos por la ley y ponderando siempre el interés público de la información requerida”.

(...) la posibilidad del silencio administrativo negativo como contestación a una solicitud de información por el positivo es otra de las aportaciones de los colectivos, que también reclaman que “todas las instituciones públicas deben verse afectadas por la ley, debe incluirse la Casa Real”.